Protección de las variedades vegetales en el Ecuador
   


Las obtenciones vegetales son definidas, según la letra de la Ley de Propiedad Intelectual como “todos los géneros y especies vegetales cultivados que impliquen el mejoramiento vegetal heredable de las plantas”, (art. 248.1).

La protección jurídica que configura esta norma para las obtenciones vegetales se produce en dos ámbitos: primero mediante un registro por el que se emiten los certificados de obtentor en la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (en adelante, DNOV), y segundo, a través del ejercicio de acciones legales de diversa índole (civiles, administrativas y penales).

El proceso de Registro se inicia con la presentación de la solicitud acompañada de los documentos que acrediten la existencia de la obtención vegetal. La DNOV tiene un plazo de quince días para examinar la solicitud. Cumplidos los requisitos formales, la DNOV publicará la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Intelectual, con el fin de que los posibles interesados puedan presentar sus oposiciones (art. 265). Al tiempo, la DNOV emitirá un dictamen técnico sobre la novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad de la obtención vegetal. Reunidos los requisitos formales y de fondo, y superadas las oposiciones, la DNOV emitirá un certificado de obtentor a favor del solicitante, el cual tendrá, normalmente, una duración de veinticinco años (art. 268).

Con respecto al Registro, es importante recordar que el art. 263 de la Ley concede una protección provisional al solicitante durante el tiempo que medie entre la presentación de la solicitud y la concesión del certificado, que comprende todas las acciones legales correspondientes previstas en la Ley, con excepción de la acción para reclamar daños y perjuicios. Además, según el art. 264, tendrá prioridad de doce meses la solicitud propuesta por un interesado que haya presentado una solicitud similar ante las autoridades de un país miembro de la UPOV, de la Comunidad Andina o de un país que dé trato recíproco a las solicitudes presentadas en la Comunidad Andina.

Concedido el certificado, el obtentor tiene a su disposición, según el art. 270, una serie de acciones civiles encaminadas a tres fines: impedir los actos que constituyan infracción o violación de su derecho, hacer cesar tales actos y obtener una justa indemnización por los daños causados. Es decir, la Ley establece acciones cautelares, penales e indemnizatorias.

El inciso segundo del art. 270 enumera los actos que el legislador ha considerado constitutivos de infracción o violación del derecho del obtentor. Éstos son actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida, pero también se extiende la protección a las variedades esencialmente derivadas de la protegida (vid. art. 245) y a las variedades cuya producción requiera del uso repetido de la variedad protegida (art. 271). Estos actos son los siguientes: a) la producción, reproducción, propagación o multiplicación en sí mismas; b) la preparación para los actos del numeral a); c) cualquier acto (incluidas la venta o la oferta en venta) de introducción de este material en el mercado, con fines comerciales; d) exportación o importación; e) la posesión del material para los fines mencionados en los numerales precedentes; f) todos los actos ya mencionados respecto del producto de la cosecha obtenido con el uso no autorizado del material mencionado, a menos que el propio obtentor haya podido ejercer su derecho sobre aquel material; y, g) la utilización de plantas ornamentales como material de multiplicación de plantas ornamentales o frutícolas o de flores.

El derecho del obtentor sobre su variedad, sin embargo, se encuentra limitado en cuatro casos enunciados en los arts. 272 a 275 de la Ley. En primer lugar, según el art. 272, el obtentor no verá su derecho lesionado por quien posea para propio uso o venda como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. En segundo término, el obtentor no podrá impedir el uso de la variedad protegida si tal uso es de carácter estrictamente privado (es decir, sin fines comerciales), si el uso se da con fines experimentales, o si es para la obtención de una nueva variedad (excepto las variedades esencialmente derivadas del art. 245) (art. 273). En tercer lugar, siguiendo el art. 274, no se extenderá la protección a los actos relativos a una variedad que ya haya sido comercializada en el Ecuador por el obtentor o con su consentimiento, a menos que tales actos impliquen una nueva reproducción o multiplicación de la variedad, o una exportación de ésta a un país en el que no se protejan las variedades de que se trate (a menos que la exportación sea para el consumo). A efectos de este artículo 274, se entiende por material no sólo el de reproducción, propagación y multiplicación de la variedad, sino también los productos de la cosecha de la variedad y los fabricados directamente con ésta. Finalmente, y en casos de interés público o seguridad nacional, el Gobierno podrá decretar de libre disponibilidad la variedad protegida, compensando al obtentor (art. 275).

La primera opción que nos da la Ley de Propiedad Intelectual, se refiere a la facultad del perjudicado de solicitar medidas preventivas o cautelares con el fin de evitar que se produzca o continúe una violación de su derecho. Con este tipo de medidas, de carácter urgente, se puede lograr lo siguiente:

El cese inmediato de la actividad ilícita La suspensión (parcial o total) de la actividad de utilización, explotación o venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda según proceda; y, Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

Entre las medidas que se pueden ordenar para lograr la reparación de un daño por violación de un derecho de propiedad intelectual, están el secuestro sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora sobre los bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen el derecho de propiedad intelectual, así como equipos, aparatos y medios utilizados para el cometimiento de la infracción.

Por otro lado, el cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:

a) La suspensión de la actividad infractora (de ventas por ejemplo) o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;

b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;

c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial;

d) La inutilización de los bienes u objetos materia de la infracción o de aquellos cuyo uso predominante sea facilitar la supresión o neutralización de cualquier medio de protección técnica o de información electrónica y que sirvan predominantemente para actos violatorios de cualquier derecho de propiedad intelectual; y,

e) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.

Además de estas acciones de naturaleza civil, la Ley prevé un procedimiento administrativo sumario de tutela de los derechos de propiedad intelectual a cargo del IEPI. Básicamente, el IEPI llevará a cabo funciones de inspección, vigilancia y sanción de carácter cautelar y ejecutivo (art. 333), tanto de oficio como a instancia de parte. Primero se procede a la inspección, que debe realizarse acompañando el acto administrativo que la ordene. Si en el curso de la diligencia se encontraren indicios (aunque sean presuntos) de una violación de los derechos de propiedad intelectual e industrial, se inventariarán los bienes sospechosos y podrán también ser incautados y depositados. Además, el IEPI podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares necesarias, antes indicadas, que tendrán siempre carácter provisional (art. 336). Adicionalmente, el IEPI también tiene la facultad de requerir cualquier información necesaria en caso de una violación de derechos. Durante el procedimiento administrativo, y salvo en los casos de medidas cautelares provisionales, se dará audiencia a la otra parte antes de emitir cualquier resolución. Si, concluida la investigación, se determina que existe una violación de derechos, el IEPI emitirá una resolución motivada que, en su caso, podrá imponer sanciones de entre 52,00 a 1840,00 US$ y confirmar las medidas provisionales adoptadas previamente (art. 339). Además, la Ley prevé que la Corporación Aduanera y demás instituciones encargadas del monitoreo del ingreso de bienes al Ecuador deberán impedir, de oficio o a instancia de parte, la entrada de bienes que violen los derechos del obtentor (art. 342). Esta medida también podrán adoptarla los directores regionales y sectoriales del IEPI o su Presidente, siempre a instancia de parte. (art. 343).

Adicionalmente, la Ley de Propiedad Intelectual tipifica como delitos ciertas infracciones graves de los derechos del obtentor. Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, este debe ponerse en conocimiento de un Juez Penal y del Ministerio Público. En todo caso, los productos objeto de la infracción serán decomisados por el juez (art. 330) y estas infracciones serán sancionadas con penas de prisión de tres meses a tres años y multas. Es importante tener en consideración que también se considera una infracción criminal el incumplimiento de una medida cautelar o preventiva.

Además de las medidas preventivas o las acciones penales que correspondan, la persona afectada puede acudir ante el órgano judicial competente con el objeto de solicitar la reparación de los daños y perjuicios causados por la actividad ilícita violatoria de sus derechos de propiedad intelectual.

Oscar Vela Descalzo